¿Cómo está afectando la pandemia del Covid 19 a las migraciones forzosas, la educación, el medio ambiente y la ecología, a las personas y comunidades más vulnerables?
Convocados por el Secretariado de Justicia
Social y Ecología de la Compañía de Jesús, los líderes de
las redes
internacionales de incidencia pública (GIAN por sus siglas en
inglés) sobre derecho
a la educación,
migraciones, ecología
y justicia
en minería se reunieron virtualmente y hablaron, entre otras
cuestiones, de los efectos de la pandemia del Covid 19. Estas redes de incidencia globales fueron
establecidas siguiendo la 35ª Congregación General, que puso énfasis en los
desafíos globales, que exigen a la Compañía de Jesús ‘actuar como un cuerpo
universal con una misión universal’”.
La compañía de Jesús
trabaja en todo el mundo con migrantes forzosos desde hace muchos años. Su
situación se ha agravado con el Covid 19. El líder de la red, Javier Cortegoso,
que coordina la Red Jesuita a Migrantes en América Latina, denuncia la
situación de los centros de detención en diversos lugares del mundo, en los que
el hacinamiento y las deplorables condiciones imposibilitan las medidas para
evitar el contagio; el aprovechamiento de muchos gobiernos de la situación para
continuar las deportaciones de personas migrantes sin garantías respecto a su
salud; el abandono de las personas en tránsito y en frontera, la limitación de
su acceso a los sistemas de salud, y el incremento en el rechazo y la xenofobia
hacia las personas migrantes, a las que en demasiadas ocasiones se acusa
falsamente de propagar el virus. Estas situaciones y las recomendaciones se
explican en el posicionamiento
de la Red Global de Incidencia Ignaciana de Migraciones. De cara al futuro
próximo, un motivo de preocupación es la precariedad económica de las personas
migrantes debido al confinamiento, puesto que están en la economía informal y
deben ganarse el sustento diario. Esto, además, perjudica gravemente a
numerosas familias y comunidades de muchos países ya en situación de pobreza,
debido al acentuado descenso en las remesas que los migrantes enviaban a sus
países de origen.
Los niños y niñas migrantes—como también aquellos que viven en pobreza y exclusión, en zonas rurales remotas, las niñas, los niños y niñas indígenas, o aquellos con necesidades especiales- sufren de manera aguda las consecuencias del cierre de colegios en 193 países del mundo.
El coordinador de la Red internacional de Educación, Carlos Fritzen, quien coordina la Federación Internacional de Fe y Alegría, señala la vulneración del derecho a la educación de estos niños y niñas y la situación de creciente vulnerabilidad- “de hambre”- de sus familias y comunidades, en la mayoría de los casos, jornaleros diarios. Aunque las organizaciones que aglutinan la red han tratado de adaptarse a través de la educación virtual y por radio en la etapa de confinamiento, esta alternativa presenta enormes retos, como la carencia de material pedagógico, o la brecha digital, que hace que gran parte de estos niños y niñas queden fuera del sistema. Considera relevante “repensar” la educación e influir en las políticas públicas para que los gobiernos adopten medidas que protejan a los sectores más vulnerables e inviertan fuertemente en educación.
Uno de los motivos por
los que en el futuro se producirá cada vez más migraciones es el deterioro del
medio ambiente. Pedro Walpole SJ vive en Filipinas desde hace más de 40 años y
desde allí coordina la red sobre Ecología, Ecojesuit.
Insiste con vehemencia en que en los próximos años, las temperaturas alcanzarán
máximos y que la escasez de agua será un problema cada vez mayor. También en que la continua violación de los
límites planetarios, en particular la destrucción de hábitats y la pérdida de
biodiversidad por los desastrosos cambios de uso de la tierra desde el Amazonas
hasta Australia, ha hecho que el COVID-19 y las futuras pandemias sean
inevitables. COVID-19 se entiende ahora como parte de una crisis ecológica más
amplia de cambio de uso de la tierra y cambio climático que abarca los sistemas
sociales, sanitarios, empresariales y, cada vez más, fiscales y políticos.
La red Justicia en Minería aglutina a los Centros
Sociales Jesuitas y Organizaciones Jesuitas que trabajan acompañando a
comunidades afectadas por la minería en distintas regiones de Latinoamérica,
África y Asia, abordando el debate público sobre el modelo de desarrollo que en
muchas ocasiones genera dichos impactos. Su coordinador, Guillermo Otano
de ALBOAN, señala que el alcance
mundial de la pandemia de COVID-19 ha agravado la situación de muchas de las
comunidades que viven en la pobreza, a pesar de habitar territorios ricos en
bienes naturales, y sufren de una falta de acceso estructural a servicios de
educación, salud y otras necesidades básicas. Denuncia la reducción del espacio
y libertades cívicas, el peligro de la situación de confinamiento para los
defensores de derechos humanos, el impacto de las medidas de confinamiento en
la minería artesanal o las interrupciones en las cadenas de suministro de
minerales. En su posicionamiento
plantea diversas medidas y recomendaciones.
Las acciones
de las redes se centrarán, entre otras, en denunciar las vulneraciones de
derechos, realizar propuestas y acompañar a las personas y poblaciones más
vulnerables.